El juego de Bruselas

Ciento cincuenta euros. Es el valor máximo legalmente aceptado para cualquier regalo que quiera hacerle, a un parlamentario europeo, una persona que se interese por su bienestar, ya sea un admirador o un lobbista representando los intereses de un determinado grupo de multinacionales. La norma no pone límite al número de veces que se le pueden hacer dichos  regalos de 150€, ni tampoco al valor de los regalos que pueden recibir sus asistentes.

Es una de las diversas cosas que he aprendido en mi reciente visita a Bruselas. Fui invitado por Access Info -organización de ámbito Europeo dedicada a defender el derecho a la información-, junto con otros ciudadanos de distintos países de la UE, para conocer y debatir temas relacionados con la participación ciudadana, la ética y  transparencia en las instituciones y el control de los lobbies. Más allá del interés de los debates abiertos, a ratos tensos, que tuvieron lugar sobre todo entre los representantes de las organizaciones pro-transparencia y los de las instituciones europeas, fueron las reuniones en pequeño grupo, en la sede de Bruselas del Parlamento Europeo, con parlamentarios y sus asistentes las que para mí fueron más esclarecedoras de lo que ocurre en ese mundo aparte que algunos llaman “the Brussels bubble”, tan lejano pero que tanto influye en nuestras vidas.

Ese día nos dividimos en dos grupos: unos fueron a hacer lo que llamaron el “lobby tour alternativo”, un recorrido por el barrio que alberga los representantes de los grupos de presión que trabajan en Bruselas. Según comenta Koen Roovers, el coordinador de ALTER-EU (Alliance for Lobbing Transparency and Ethics Regulation, una alianza que agrupa a más de 200 entidades de toda Europa), se calcula que hay unos 25.000 lobbistas en Bruselas trabajando a tiempo completo para influir en las decisiones de nuestros dirigentes. No me he equivocado con los ceros.

Respecto al otro grupo, al que yo me apunté, la reunión más remarcable fue  la que tuvimos con los asistentes y el jefe de gabinete de la parlamentaria Amelia Andersdotter, del Partido Pirata sueco, grupo de Los Verdes (más tarde nos reuniríamos con el británico Michael Cashman, parlamentario del grupo de los Socialistas y Demócratas; charla mucho más convencional y menos reveladora; supongo que es lo que tienen los políticos de los grupos mayoritarios).

Somos siete u ocho ciudadanos paseándonos por los pasillos del poder, siempre vigilados por alguien con pase permanente. Antes hemos tenido que sortear, en el recinto exterior, una pequeña alambrada colocada sólo hace unos días que protege el Parlamento de los enfadados ciudadanos en lo que parece ser una moda en rápida expansión. Dentro, pasados los controles de seguridad, algunas de las zonas amplias del edificio recuerdan a un lujoso centro comercial o a ciertas áreas de un aeropuerto internacional. Es ese lujo propio de edificios con vocación de ser emblemas de prestigio de las ciudades y naciones que los albergan. Luego, conforme nos acercamos a la sala de reuniones, los pasillos se estrechan y uno cree que podría casi oír  los susurros del poder saliendo de las puertas entreabiertas de los despachos. Pero el poder es silencioso y a esta escala parece tremendamente prosaico.

Mattias Bjärnemalm, el jefe de gabinete de Amelia Andersdotter, tiene un aire austero y algo distante. Con traje y corbata impolutas, correctísimo con nosotros y al mismo tiempo de maneras serias y formales, muy alejadas de lo que uno se esperaría de un miembro del Partido Pirata. Nos hace una introducción al modo en que tiene lugar el proceso de decisión. A saber, y resumiendo mucho, la Comisión envía un borrador de una nueva ley al Parlamento. Éste se encuentra organizado, aparte de en grupos parlamentarios, en comisiones que trabajan sobre temas específicos. Al llegar el nuevo borrador, una de las comisiones parlamentarias lidera la elaboración y proposición de las enmiendas que serán presentadas a votación, designándose a tal efecto un ponente principal (“rapporteur”). En el proceso participan también otras comisiones implicadas, así como los llamados  “shadow rapporteurs”, ponentes que representan a los distintos grupos parlamentarios.

Durante todo este recorrido van apareciendo los lobbistas, los representantes de los distintos grupos de interés, que asisten a veces a reuniones conjuntas de las comisiones (los committee meetings, que son retransmitidas online) o a los “stakeholder meetings”, reuniones en las que son especialmente llamadas las partes interesadas y  lobbies representativos.

Los lobbistas también se reúnen directamente con los MEPs (Members of the European Parliament, que es cómo se suele llamar aquí a los parlamentarios) y les entregan documentación relevante sobre la legislación en marcha y sus propuestas al respecto. A menudo esta información está detallada hasta el punto de mostrar la redacción exacta del artículo que el grupo de presión propone añadir o modificar. De hecho más de una vez, nos comentan, se han encontrado con que un texto legal que les había propuesto un lobbista aparece luego “milagrosamente” añadido a la ley en forma de enmienda, replicado palabra por palabra.

Sin embargo Bjärnemalm no es categórico en contra de la acción de los lobbies. Según él, los MEPs necesitan toda la información de la que puedan disponer para su toma de decisiones. Ocurre, sin embargo, que ciertos grupos de presión están muy bien organizados y presentan información muy detallada y pertinente en el momento adecuado. Le pregunto si él cree que la sociedad civil y las ONGs están fallando en ese aspecto, si no son suficientemente activas en Bruselas, si no están suficientemente bien organizadas para contrarrestar esos otros intereses (fundamentalmente los de los grandes grupos empresariales). Él dice que sí, que en efecto piensa que falta esa organización en los grupos de base más popular. Helen Darbishire, de Access Info, replica que esa crítica es injusta, pues los grupos civiles y las ONGs no tienen los recursos que puede tener una gran multinacional o un grupo de ellas.

Le comento a Bjärnemalm que tal vez el problema sería más manejable si se obligara  a hacer públicos los documentos que los lobbistas entregan a los MEPs, de modo que los movimientos ciudadanos y ONGs pudieran analizar y contrarrestar esa información. Él responde que la prohibición no serviría de nada, que de hacerse eso los lobbistas substituirían los documentos por llamadas telefónicas para burlar la norma. Sin embargo, comenta, sí que ocurre a veces que esos documentos son filtrados al público por algún MEP.

Pam Bartlett (Access Info) pregunta qué tiene que hacer un ciudadano o un conjunto de ciudadanos si quieren influir en el proceso legislativo. “Deben averiguar quiénes son los shadow rapporteurs de la comisión que lidera esa ley”, responde Bjärnemalm. En Internet sólo aparece quién es el ponente principal, pero preguntando uno puede enterarse de quién es quién. Otra opción es buscar aliados, no sólo entre los MEPs sino también entre los lobbies, incluso empresariales, con los que coincidas en interés en ese particular asunto. Luego está la opción de la recién estrenada Iniciativa Ciudadana Europea.

“Pero –nos pregunta- ¿por qué es en el Parlamento donde quieren ustedes influir?” Y es que en el Parlamento, como él mismo comenta, todo lo que se puede lograr es detener una legislación, como ocurrió recientemente con ACTA (el Acuerdo Comercial Anti Falsificación que fue tumbado por el Parlamento Europeo como resultado de una fuerte presión social). En el Parlamento puede también modificarse un borrador de ley con enmiendas, pero no puede ponerse en marcha una nueva legislación. Es la Comisión la que tiene esa capacidad. Y ahí operan también los lobbies, en muchos casos en forma de grupos de expertos solicitados por la propia Comisión para ayudar en la redacción del primer borrador. La elección de dichos grupos de expertos es un tema altamente polémico, pues en ocasiones se han seleccionado a profesionales de sectores privados implicados con intereses e imparcialidad más que discutibles.

Por último está el Consejo (el tercer gran cuerpo de la UE, que reúne a los gobiernos de los distintos países). “El consejo es el mayor problema”. Esta frase se la hemos oído no sólo a los asistentes de Amelia Andersdotter sino que también la pronunciará el MEP laborista Michael Cashman en la siguiente reunión. Bjärnemalm lo resume así: “El Parlamento y el Consejo deciden. El Parlamento con cartas a la vista, y el Consejo con cartas tapadas”, en alusión a la falta de transparencia que rige en la toma de decisiones del órgano.

Para Helen Darbishire esto es un difícil reto para los ciudadanos, como ha podido comprobar desde su puesto en Access Info: “Estás intentando averiguar qué posición está tomando tu gobierno en el Consejo. Puedes preguntarles directamente pero a menudo no responden. Lo que eso significa es que es muy fácil para los estados miembros -y ha quedado en ocasiones expuesto públicamente- el hecho de que a menudo dicen algo en el parlamento estatal, o en los medios, y luego aparecen documentos filtrados que demuestran que han estado haciendo (en Bruselas) exactamente lo opuesto.

”Se llama ‘policy laundering’”, responde Bjärnemalm  (algo así como ‘blanqueo de políticas’, término basado en la expresión ‘blanqueo de dinero’). “Es un problema de la propia estructura del Consejo. Yo diría que si quieres un cambio en el Consejo has de atacar directamente a los estados miembros, en especial los importantes. Pero no puedes atacar el Consejo como un colectivo, porque se defenderán entre ellos. Ustedes tienen que hacer ver a la gente en casa que las políticas del Consejo son hechas por los estados miembros, tienen que atacar a sus gobiernos en sus países. No necesitan ir a Bruselas.

Le comento que ellos –nuestros gobiernos- siempre nos dicen ‘no, no, es Europa (la culpable)’. “¡Entonces pídanles los documentos!”, me contesta Bjärnemalm. “Digan: si es Europa, entonces enseñennos los documentos del Consejo”.

Darbishire comenta la resistencia de los gobiernos a dar ese tipo de información, y pone un caso bastante surrealista como ejemplo: recientemente ellos pidieron información sobre la correspondencia entre el secretario de estado español para la UE y la comisaria Viviane Reding sobre la posible independencia de Cataluña. Les enviaron la correspondencia solicitada, pero con una nota en la que se decía que los documentos estaban sujetos a copyright del gobierno español y por tanto no los podían difundir (para cuando llegó dicha respuesta las cartas ya habían sido publicadas por El País). Concluye, dirigiéndose a Bjärnemalm: “Quiero decir: es completamente cierto lo que usted dice de que debemos presionar a nivel nacional, pero cuando hay este juego de ping-pong uno de nuestros retos como activistas pro transparencia es intentar conseguir mayor transparencia a ambos niveles (estatal y europeo), para intentar que dicho juego llegue a detenerse”.

Agotado el tiempo, una vez hemos agradecido su ayuda y nos disponemos a irnos, Bjärnemalm nos dice: “De hecho tengo un último consejo: si quieren influir en la legislación, no vayan a buscar a los MEPs; busquen a sus asistentes. Nuestra MEP es una excepción y sabe más sobre los distintos procedimientos que nosotros, pero generalmente los MEPs saben la mitad que sus asistentes. Si captan la atención de los asistentes, si les hacen cambiar de opinión, ellos influirán sobre su MEP.

Rascando un poco

El otro día mis ojos fueron a parar a una noticia publicada por la Associated Press, una de tantas sobre los tira y afloja de Obama en sus intentos por arreglar este desaguisado. El titular anunciaba que algunos demócratas clave se oponían a los planes del presidente de subir los impuestos a los ciudadanos de mayores ingresos (aquellos con ingresos superiores a $200.000, unos 157.000€). En realidad la intención del presidente y su equipo es simplemente no renovar un recorte de impuestos establecido por Bush y que expiraba en el 2011. Sin embargo, según decía el artículo, esos “demócratas clave” estaban muy preocupados porque según decían ello dañaría a las instituciones de beneficiencia y al mercado inmobiliario.

La verdad es que me entró curiosidad. ¿Voces demócratas se oponen a una ligera subida de impuestos a las clases altas? ¿Pero los demócratas no son la izquierda en Estados Unidos? Ya sé, la izquierda de allí -dicen- no es lo mismo que la de aquí, pero aun así no dejaba de sorprenderme que un demócrata, en la situación actual y con la ideología de la derecha neoliberal en el banquillo de los acusados, se pusiera a criticar en voz alta unas medidas tan -por decirlo así- “demócratas”. Mi reacción tras la (tal vez ingenua) sorpresa fue la de poner yo mismo en duda la propuesta del presidente. “Si lo dicen incluso algunos demócratas, a lo mejor es cierto que la ley es un error y que no hay que subir nunca los impuestos a los ciudadanos de más ingresos”, llegué a cuestionarme casi instintivamente. Pero mi ingenuidad está más impregnada de malos presentimientos que años atrás, debo reconocerlo, así que se me ocurrió coger el nombre del senador contrario a la medida mencionado al comienzo del artículo (Max Baucus, presidente del Comité de Finanzas del Senado) y lo googleé. El artículo de Wikipedia me llevó a una web en la que se listaban los principales contribuyentes a su campaña en el 2006. Tres de los cuatro primeros de la lista eran grandes del sector financiero: la aseguradora AIG y los grupos financieros JP Morgan Chase y  Goldman Sachs, nombres oídos hasta la saciedad estos meses por estar en el ojo del huracán de la actual crisis.

No es mucho más que un detalle y, claro está,  puede ser casualidad y nadie puede probar una relación causa-efecto entre la actitud crítica del senador y quiénes son sus amigos y patrocinadores, pero da que pensar sobre la forma en que funciona hoy en día la política (¿quién hay detrás de cada dirigente y cada decisión?) y también sobre cómo ello puede condicionar las declaraciones que salen en los medios y, en consecuencia e inevitablemente, lo que pensamos.

Fuentes:

Obama y los lobbies (II)

Hace unos días comentábamos las críticas que recibía Obama por falta de consistencia en su anunciada lucha contra la influencia de los lobbies en Washington.

Han pasado ya algunos días más desde la toma de posesión y hay que adminir que no parece que muchos de dichos lobbies estén especialmente contentos con él. El dato hace pensar que tal vez el presidente esté realmente cumpliendo con sus promesas. Queda por ver hasta dónde se va a llegar en realidad y si se trata de un cambio en la manera de hacer las cosas o una mera sustitución de unos grupos económicos influyentes por otros en los equilibrios de poder de Washington.

El caso es que el Wall Street Journal se hacía eco éste pasado jueves de que diversos grupos y asociaciones empresariales habían anunciado o puesto en marcha millonarias campañas de presión para defender sus intereses como gato panza arriba. Correspondían a sectores afectados por las políticas de Obama, descritas por él mismo la semana pasada en su discurso de presentación ante el congreso.

Así, la Hospital Corporation of America, el primer grupo hospitalario americano y mundial, anunció el día posterior al discurso un plan de 20 millones de dólares para promover una legislación en temas de salud basada en “principios del libre mercado”, en respuesta contra el plan de Obama de ampliar la cobertura sanitaria en Estados Unidos. Las palabras del CEO de la compañía son elocuentes:

“Cuando el gobierno se involucra, te quedas sin dinero y la asistencia sanitaria es racionada”

Toda una declaración de principios de lo que han sido las doctrinas dominantes en USA y el mundo durante las últimas décadas.

También han llovido ataques de los lobbies agrícolas, con sus subsidios amenazados (especialmente los recibidos por grandes empresas), y de la industria armamentística, que ha vivido en una especie de paraíso durante los mandatos Bush-Cheney. Hace ya días que estos últimos comenzaron a mostrar publicidad (ver foto adjunta) en medios offline y online pidiendo desesperadamente apoyo para salvar el F-22 de igual modo que otros piden apoyo para salvar el oso polar o el lince ibérico.

En el otro lado de la balanza, otras industrias, como las energéticas favorecidas por los planes de reforma del sector en la lucha contra el cambio climático, van a gastar cantidades equiparables en campañas, en este caso para promover que se aprueben los planes del gobierno.

En cualquier caso lo que está claro, por el contexto económico en que nos movemos, es que no hay dinero para todos. La batalla puede ser feroz.

Fuentes:

Se impulsa en Davos la creación de un ‘G20′ de las mayores corporaciones del planeta

Stephen Green, presidente del HSBC, durante el foro de Davos 2009
El holding financiero HSBC, primer grupo bancario y mayor grupo empresarial mundial según la revista Forbes, ha puesto formalmente en marcha en el Foro de Davos la iniciativa de crear una agrupación de las principales corporaciones del mundo para coordinar y representar sus intereses frente a los gobiernos del planeta.

La iniciativa fue lanzada el pasado viernes 30 de enero por el presidente de la entidad bancaria, Stephen Green, y tiene el respaldo del gobierno británico.

La lista de miembros del futuro grupo (bautizado provisionalmente como ‘B20′) está aún por especificar pero incluiría a las mayores compañías de los países desarrollados así como de las economías emergentes.

No es una noticia tranquilizadora. De salir adelante con éxito estaríamos de facto ante el embrión de un gobierno mundial paralelo, un contrapeso organizado al poder político, al menos igual de poderoso y dedicado exclusivamente a la maximización de los beneficios de los grandes grupos empresariales.

Fuente: Financial Times.- ‘HSBC pushes for G20-style business grouping’

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